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  1. La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, también conocida simplemente como Ley contra el Odio, es una ley aprobada por unanimidad por la Asamblea Constituyente de Venezuela, conformada exclusivamente por militantes del PSUV y otros políticos comprometidos con el chavismo, y publicada en la ...

  2. El delito de odio es una infracción penal que surge por prejuicios contra una o varias personas que pertenecen a un determinado grupo social. Este grupo viene determinado por la raza, la religión, el género, la edad, la ideología, la orientación sexual, una discapacidad, una enfermedad u otros motivos.

  3. El Estado tiene la obligación indeclinable de desarrollar políticas públicas para la promoción y garantía de la convivencia pacífica, las cuales se fundamentarán en los valores y principios establecidos en la presente Ley Constitucional y en los siguientes ejes interdependientes: 1.

  4. 3 de ene. de 2024 · Según los expertos consultados por Maldita.es, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos para que haya un delito de odio se ha de atacar a un colectivo vulnerable o discriminado.

  5. La presente Ley Constitucional tiene por objeto contribuir a generar las condiciones necesarias para promover y garantizar el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar toda forma de violencia política, odios e intolerancias, a los fines de

  6. el odio o la discriminación. El Artículo 22.4 CP regula un numerus clausus de motivaciones, siendo éstas las únicas que constituirán agravante. (Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia,

  7. 16 de nov. de 2017 · La aprobación de la llamada “Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia” dictada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ha generado más preguntas que respuestas entre los actores políticos, los representantes de los medios de comunicación y los ciudadanos en general.