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La Constitución española de 1978 atribuye al Tribunal de Cuentas la fiscalización del sector público y el enjuiciamiento de la responsabilidad contable. CONÓCENOS. ORGANIZACIÓN. El Tribunal de Cuentas es un órgano colegiado cuya estructura responde a la doble naturaleza, fiscalizadora y jurisdiccional, de sus funciones. VER ESTRUCTURA.
- Sede Electrónica
Sede Electrónica - Tribunal de Cuentas. Desde esta...
- Fiscalización
Los procedimientos de fiscalización se rigen, además de por...
- La Institución
El Tribunal de Cuentas es un órgano de control externo...
- Transparencia
El Tribunal de Cuentas, con la finalidad de facilitar la...
- Enjuiciamiento
Es la función de naturaleza jurisdiccional del Tribunal de...
- Potestad Sancionadora
La Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de...
- Presentación
La función jurisdiccional consiste en el enjuiciamiento de...
- Resoluciones Oficiales
Resolución de 5 de diciembre de 2022, de la Presidencia del...
- Sede Electrónica
El Tribunal de Cuentas aprueba el Programa de Fiscalizaciones para el año 2022. 24/02/22. Madrid, 24 de febrero. El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el Programa de Fiscalizaciones para el ejercicio 2022. El mismo contiene 103 actuaciones que abarcan todos los ámbitos sectoriales y territoriales del sector público.
Hace 1 día · La consejera del Departamento 2º de la Sección de Enjuiciamiento ha dictado una Providencia por la que se declaran conclusas las actuaciones en relación con el Procedimiento de Reintegro por Alcance nº B-180/21 (gastos 1 Oct/Acción Exterior).
El Tribunal de Cuentas examina todas las cuentas públicas, audita cada año la Cuenta General del Estado y comprueba las cuentas anuales de los partidos políticos y de sus fundaciones. Su trabajo consiste en analizar la gestión y las cuentas de las entidades que forman el sector público estatal, el autonómico y el local. Enjuiciar.
26 de dic. de 2023 · 26/12/23. Madrid, 22 de diciembre de 2023. El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el Informe de Fiscalización de lso contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 por los ministerios del área de administración económica del estado y sus organismos autónomos.
