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Artículo 15 de la Constitución Española: Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.
- Art. 28
Se prohíbe la adopción de Decretos-Leyes que afecten a los...
- Art. 28
El artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona. El artículo abarca más que la prohibición de la pena de muerte y se relaciona con otros temas como la degradación ambiental, el cambio climático y la dignidad de las personas.
Sinopsis. Versión para imprimir. El derecho a la vida y el derecho a la integridad física y moral son los derechos más básicos y primarios de todos los reconocidos en el texto constitucional, en la medida en que la afirmación de los demás solo tiene sentido a partir del reconocimiento de éstos.
14 de nov. de 2018 · El artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) establece el derecho a la vida, que implica el respeto a la dignidad humana y la protección de la vida. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ofrece una descripción detallada de este artículo y sus implicaciones.
Artículo 15 Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.
9 de may. de 2024 · Un documento histórico que establece los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. El artículo 3 afirma que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El derecho de toda persona a la vida está protegido por la Ley. Nadie podrá ser privado de su vida intencionadamente, salvo en ejecución de una condena que imponga pena capital dictada por un tribunal al reo de un delito para el que la ley establece esa pena.
