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vi. modalidades de selecciÓn de contratistas 27 6.1. licitaciÓn pÚblica 27 6.2. selecciÓn abreviada 28 6.3. concurso de mÉritos 32 6.1. mÍnima cuantÍa 33 6.2. contrataciÓn directa 34 vii. procedimiento de contrataciÓn, ejecuciÓn y cierre del proceso 42 7.1. cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecuciÓn 42 7.2.
públicos mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. 4 Introducción ¿A quién va dirigida esta Guía? 1. Comisión Europea, Indicadores sobre contratación pública en 2008, Documento de Trabajo
Vamos a comentar las tres principales corrientes en que se agrupan los estudiosos del tema. La primera de ellas considera a la licitación como una figura de derecho financiero; las otras dos concuerdan en cuanto a su inclusión en el derecho administrativo. 66 Bandeira de Mello, op. cit., p. 265.
21 de mar. de 2024 · ¿Qué es la licitación pública? La licitación pública es una etapa esencial en el proceso de Contratación Pública, que involucra la difusión de una convocatoria o anuncio abierto al público, con el propósito de permitir que empresas interesadas presenten sus propuestas para la ejecución de un contrato.. Definición y Concepto
Basándonos en la definición de nuestro glosario, una licitación pública se entiende como el procedimiento administrativo para la adquisición de suministros, realización de servicios o ejecución de obras (construcciones) celebradas por más de 10.000 organismos del Sector Público en España. También llamadas concursos públicos, su objetivo es ofrecer y asegurar la adquisición de ...
es la definición precisa el objeto del objeto del contrato de obras. Sobre ello volveré con posterioridad. Los proyectos de obra deberán contener todos los elementos necesarios para la licitación del contrato de obra pública y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 233 lo podemos desagregar en los siguientes elementos:
El Presupuesto Base de Licitación (o PBL) es el límite máximo que puede comprometer el órgano de contratación con el Impuesto de Valor Añadido. Es el valor máximo que puede destinar a un contrato en concreto una Administración Pública sin contemplar situaciones que lo puedan aumentar su duración o condiciones, tal y como son las prórrogas o las modificaciones posibles que puede incluir.
